La respuesta correcta para esta pregunta abierta es la siguiente.
Aún cuando la LCPA nada dice al respecto, sigue existiendo y con competencias en materia de protección al consumidor la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).
Esto se de be a que la Ley Constitucional de Precios Acordados (LCPA) se mantiene en el orden de lo jurídico, pero para sus efectos, tiene que ser constantemente supervisada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, organismo encargado de asegurar que esta disposición se cumpla en cada uno de los establecimientos comerciales. Para ello, tienen que estar constantemente realizando inspecciones y verificaciones presenciales para comprobar que no existan alzas de precio injustificadas.
El problema no es la Ley Constitucional de Precios Acordados, sino su interpretación y ejecución. De ahí que deberían ser los legisladores, representantes del pueblo, los que debieran tomar cartas en el asunto para exigir el cabal cumplimiento de las funciones del SUNDDE, y controlar el alza de precios en beneficio del consumidor.